Tras su inhibición en 2008, las familias ya han 'exhumado' la mitad de las causas
La ARMH ha exhumado en la provincia a 155 paseados en 44 enterramientos en los últimos 12 años. J.M. LÓPEZ
Alicia Torres / León
El 16 de octubre de 2008, Baltasar Garzón –por entonces al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional– se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y elaboró un auto que incluía inicialmente 63 fosas, la mayoría de estos enterramientos comunes (23) en León.
Tras la inhibición de Garzón a favor de los juzgados locales en noviembre de 2008, han pasado más de cuatro años sin que ningún juez de la provincia se haya pronunciado sobre estas 23 causas. Pero ahora, una vez que Garzón ha sido absuelto de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que los juzgados locales, de nuevo, son los que tienen la competencia sobre las fosas.
Según confirmó recientemente el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Marco González, once de estas 23 fosas –gráfico adjunto– se han abierto por iniciativa de los familiares de las víctimas que han contactado con la asociación y al margen de una decisión judicial. Sin embargo, los juzgados leoneses pasan de nuevo a tener que decidir sobre la docena de fosas pendientes de exhumación.
Habrá que esperar para conocer cuáles serán las decisiones judiciales a partir de ahora ya que, hay que recordar, que el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada archivó las doce causas del partido judicial al considerar que los delitos habían prescrito y sin que se registraran recursos, mientras que desde los juzgados de León y Astorga no se ha conocido ninguna resolución al respecto, según precisó el vicepresidentes de ARMH.
Esta nueva dirección en la causa de las fosas comunes viene motivada porque el TS ha resuelto en favor de los Juzgados de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial y del de Granada la cuestión de competencias planteada por Garzón sobre a qué órgano judicial le corresponde decidir acerca de las exhumaciones. El Supremo considera que cabe "la práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los afectados" y destaca que queda excluida la posibilidad de enjuiciamiento penal de los actos, ya que las acciones criminales se consideran prescritas.
González asegura que, hasta la fecha, "ni a priori ni a posteriori del trabajo de la ARMH" la Justicia se pronuncia sobre los restos que se encuentran; así, el procedimiento habitual pasa por abrir un enterramiento con la autorización de algún familiar, presentar una denuncia ante la Guardia Civil y de ahí se da traslado al juzgado correspondiente que "siempre" responde que el caso ha sido sobreseído en base a la Ley de Amnistía de 1977.
La ARMH, desde su fundación hace 12 años, ha exhumado en la provincia a 155 paseados y ha trabajado en 44 enterramientos.
El 16 de octubre de 2008, Baltasar Garzón –por entonces al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional– se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y elaboró un auto que incluía inicialmente 63 fosas, la mayoría de estos enterramientos comunes (23) en León.
Tras la inhibición de Garzón a favor de los juzgados locales en noviembre de 2008, han pasado más de cuatro años sin que ningún juez de la provincia se haya pronunciado sobre estas 23 causas. Pero ahora, una vez que Garzón ha sido absuelto de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que los juzgados locales, de nuevo, son los que tienen la competencia sobre las fosas.
Según confirmó recientemente el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Marco González, once de estas 23 fosas –gráfico adjunto– se han abierto por iniciativa de los familiares de las víctimas que han contactado con la asociación y al margen de una decisión judicial. Sin embargo, los juzgados leoneses pasan de nuevo a tener que decidir sobre la docena de fosas pendientes de exhumación.
Habrá que esperar para conocer cuáles serán las decisiones judiciales a partir de ahora ya que, hay que recordar, que el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada archivó las doce causas del partido judicial al considerar que los delitos habían prescrito y sin que se registraran recursos, mientras que desde los juzgados de León y Astorga no se ha conocido ninguna resolución al respecto, según precisó el vicepresidentes de ARMH.
Esta nueva dirección en la causa de las fosas comunes viene motivada porque el TS ha resuelto en favor de los Juzgados de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial y del de Granada la cuestión de competencias planteada por Garzón sobre a qué órgano judicial le corresponde decidir acerca de las exhumaciones. El Supremo considera que cabe "la práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los afectados" y destaca que queda excluida la posibilidad de enjuiciamiento penal de los actos, ya que las acciones criminales se consideran prescritas.
González asegura que, hasta la fecha, "ni a priori ni a posteriori del trabajo de la ARMH" la Justicia se pronuncia sobre los restos que se encuentran; así, el procedimiento habitual pasa por abrir un enterramiento con la autorización de algún familiar, presentar una denuncia ante la Guardia Civil y de ahí se da traslado al juzgado correspondiente que "siempre" responde que el caso ha sido sobreseído en base a la Ley de Amnistía de 1977.
La ARMH, desde su fundación hace 12 años, ha exhumado en la provincia a 155 paseados y ha trabajado en 44 enterramientos.
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