26-02-2012 / 11:10 h EFE
En Castilla-La Mancha hay inventariadas 139 fosas de la Guerra Civil, según el mapa de fosas incluido en la web sobre la memoria histórica que abrió el anterior Gobierno, bajo las que duermen o palpitan cientos de historias de dolor y muerte, de olvido en muchos casos y en algunos casi de desesperación.
Probablemente no están todas las que hay, ni todas las que están incluidas merecen técnicamente la calificación de fosas como tales, pero lo que es indudable es que la tierra, las piedras y el tiempo transcurrido cubren cientos de historias personales de muerte y posiblemente miles de historias familiares de dolor.
Al margen de polémicas y controversias, las cifras parecen incuestionables, ya que muchas de las fosas están documentadas con profusión y aparecen nombres, edades y hasta profesiones de las víctimas. También hay casos en los que figuran las fechas de las muertes o ejecuciones, incluso las circunstancias que las rodearon.
Pero también es cierto que en bastantes otros no hay más documentación que los datos que apuntan a la localización de las fosas (a veces muy vagos e imprecisos) y que en muchas ni siquiera se sabe el número de personas que están enterradas en ellas, cuanto menos sus identidades.
Por ejemplo, los restos que había en numerosas de ellas han sido trasladados al Valle de los Caídos (Madrid), a pesar de lo cual siguen apareciendo en el mapa de fosas.
Ocurre algo similar en casos como el de Santa Cruz de Moya (Cuenca), donde tuvo lugar uno de los episodios más sangrientos de la posguerra, cuando el campamento que tenía la guerrilla antifranquista en el paraje de Cerro Moreno fue atacado por fuerzas de la Guardia Civil en noviembre de 1949.
En el asalto murieron doce guerrilleros de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), pero sus cuerpos no fueron enterrados en Santa Cruz de Moya, sino que fueron trasladados hasta el cementerio civil de Teruel, donde fueron inhumados.
Otro ejemplo ilustrativo puede ser el de la fosa situada en el cementerio de Alcaraz (Albacete), de la que se indica que hay "un número indeterminado de cuerpos procedentes de fusilamientos y fallecidos en cárceles locales en 1939", cuando la asociación que han formado los familiares para intentar exhumarlos tiene identificadas a las 17 personas que están enterradas.
Este caso es significativo además porque la Asociación Fosa de Alcázar se está encontrando con muchas dificultades administrativas para poder llevar a cabo la exhumación, que temen casi impotentes que pueden perder una subvención de 38.000 euros concedidos por el Ministerio de Presidencia del anterior Gobierno socialista.
La vaguedad y a veces ambigüedad de los datos hace que el mapa sea cuestionado por organizaciones como la Federación Estatal de Foros por la Memoria, cuyo presidente José María Pedreño, ha asegurado a Efe: "ese mapa es muy incompleto, no está bien hecho".
Pedreño ha aseverado: "el mapa de fosas no sirve para nada, ni entramos a verlo cuando tenemos que hacer algunas cosas, nos guiamos más por historiadores nuestros".
En cualquier caso, la información que aparece es suficiente para dar una idea general sobre la configuración geográfica y emocional de este peculiar mapa, porque la documentación existente deja entrever o intuir un abanico no tan uniforme como pudiera parecer sobre la procedencia social e ideológica de las víctimas.
Contrariamente a la percepción generalizada, no solo aparecen víctimas de la represión franquista sino que también hay casos de fallecidos en cárceles en la zona controlada por la República durante la Guerra Civil.
Entre ellos destaca el de una fosa situada en un pozo-mina de Camuñas (Toledo), en la que están enterradas víctimas de la represión en zona republicana entre agosto de 1936 y 1938, entre ellos varios religiosos, fundamentalmente de pueblos de la provincia de Ciudad Real próximos a la zona.
